Guía Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela (Trópicos nº 116)

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Table of contents

Los grupos delincuenciales se dieron cuenta de que en lugar de robar a un comerciante una vez, lo cual reportaba beneficios en una sola oportunidad, era preferible y menos riesgoso disponer de una renta permanente. Este cambio es lo que llamamos en este libro la transformación de las pandillas depredadoras en las mafias que venden protección. En otros casos se trata de la aparición de nuevos negocios de gran rentabilidad, de miles de millones de dólares, como es el vinculado al otorgamiento de divisas a precio inferior al del mercado a ciertos grupos de personas o empresas vinculados al gobierno o sus funcionarios.

Esto implica una elaborada organización comercial y financiera de los grupos delictivos, que en este caso llamamos bandas, las cuales se organizan usando inteligencia y tecnología para apropiarse de la renta que genera ese diferencial cambiario y luego lavarlo en el mercado nacional o internacional. En Venezuela se produce una doble alteración del mercado y la economía, una la crea el Gobierno y la otra la provoca el delito organizado. Esto representa que tenemos lo peor de los dos mundos: un exceso y un vacío de Estado. Un Estado que no es regulador, sino agente económico, propietario y controlador, que hace de juez y parte del proceso social y económico.

Y, por el otro, una carencia de Estado capaz de hacer cumplir las leyes mínimas y que tampoco las cumple ni se las aplica a sí mismo. Un Estado que usa las leyes con propósitos personales y partidistas, y que menoscaba los derechos de los ciudadanos, los partidos, los sindicatos y las empresas que no le son afines. Al final se tiene una situación paradójica de anomia, tal y como la pensaba Durkheim, por ausencia y exceso arbitrario de las normas.

Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela

Esta combinación de mercados ilegales y delito organizado constituye una amenaza para la democracia. Esa es la percepción que tienen los venezolanos, tal y como lo reporta una de las encuestas presentadas en este libro. La vida social y política regida por normas y leyes se substituye por la intimidación y la fuerza, por las armas y el chantaje.

Y esto afecta, por las buenas o por las malas, a todos los poderes políticos locales y nacionales, a los jueces, los legisladores y los alcaldes o gobernadores. Este libro trata sobre la violencia y el delito organizado que se apoderan de los mercados ilegales y amenazan la ciudadanía, el Estado de derecho y la democracia. Todas las opiniones expresadas en los textos son de responsabilidad exclusiva de los autores de los capítulos y no de las instituciones que han apoyado la realización de estos proyectos. En la primera se elabora la teoría sociológica sobre el delito organizado, los distintos tipos de grupos y el papel del Estado.

La contribución teórica y empírica aquí presentada es novedosa pues permite superar la visión estrictamente criminal del delito y mostrar la diversidad de conexiones que existen entre el crimen organizado, los mercados ilegales y la democracia. Los famosos piratas que azotaron los mares del Caribe y llegaron a saquear los prósperos puertos del sur del lago de Maracaibo eran delito organizado. Los contrabandistas que desde Curazao y Aruba introducían los productos europeos hacia las costas al norte de Venezuela y compraban el café y cacao para llevarlo directamente a los almacenes del norte de Europa, burlando el monopolio que tenía establecido la Corona española para la exportación de esos productos, eran delito organizado.

La producción que, hasta entrado el siglo XX se hacía de aguardiente artesanal en alambiques clandestinos, y que luego eran comerciados por unas redes familiares y amistosas, eran delito organizado. Todas esas actividades eran formas de delito que se habían organizado y que han quedado reportadas en los libros de crónica e historia sin que fuesen catalogadas con ese nombre.

Ya no se trataba de unos individuos aislados e impulsivos, unos tipos malos por naturaleza que faltaban a la ley. Por un lado, hay una mayor presencia del Estado y de las fuerzas policiales que se dedican al control de las actividades consideradas ilícitas. Y, finalmente, otro proceso social importante es lo que se ha llamado globalización o mundialización y que representa un notable incremento del proceso de comunicación, intercambio y movilidad de bienes y personas a nivel mundial. Esto ha dado unas dimensiones nuevas a un viejo problema, pues la apertura de las fronteras nacionales y la transnacionalización de los intercambios le han abierto las puertas al delito organizado, que ha encontrado nuevas formas de actuación para los viejos delitos y nuevas oportunidades para la acción criminal.

Esa cambiante realidad ha hecho muy difícil lograr un consenso sobre lo que se puede denominar delito organizado. Las razones para este añadido son no solamente de caracterización del fenómeno, que realmente adquiere una dimensión multinacional, sino de orden jurídico, pues al ser transnacional permite y requiere de la cooperación entre los estados y naciones para combatir esos delitos.

La definición en sí misma, sin embargo, no difiere mucho de lo que hemos venido formulando en las líneas anteriores. En Venezuela la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo del año expresa en su artículo 2 una definición muy similar que dice así:.

Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. Como se observa hay algunos elementos que se repiten en las distintas definiciones y que se refieren al tamaño del grupo, el tiempo de la relación, el tipo de delito y el propósito de la acción.

Veamos la relevancia de esos elementos. El tamaño del grupo.

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La tercera persona establece una relación distinta, pues las definiciones de funciones, la privacidad de las informaciones o el ejercicio de la autoridad o el poder se modifican. Obviamente también hay cambios cuando se trata de un pequeño grupo a cuando involucran a decenas o centenas de personas. Sin embargo, dado los años que se lleva desempeñando esta función y los fracasos o resultados limitados en las reformas policiales, hacen pensar que dicha medida deje de ser provisional para constituirse como una misión militar compartida con la policía.

Ciertamente, los gobiernos siguen repitiendo que la dedicación a esta misión es temporal, hasta que pueda asumirla íntegramente la policía.

Los hechos y la evolución demuestran un avance inverso. La presencia de las FF. Así, a la falta de un plan de transformación de las FF. Es preciso ordenar y regular el trabajo conjunto de ambas fuerzas, con el fin de conseguir su complementarización. Propuesta en torno a la reorientación del debate sobre las FF.

Desde que las FF. De acuerdo con la situación regional descrita, intentar regresar a una separación entre ambos espacios, por el momento, no es realista. Pese a la insistencia de la mayoría de los gobiernos en que estos nuevos roles son temporales, no parece que la situación vaya a revertirse.

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Los ciudadanos latinoamericanos no creen probable la guerra con otro Estado, de ahí que apoyen el desempeño de tareas no militares para las FF. Sin embargo, esta es un visión estrecha y cortoplacista. Ante la situación actual es necesario abandonar el deber ser y analizar el actual proceso de incorporación de las FF. La misma forma en que se han operado los cambios proporciona un futuro incierto a las FF. Sin olvidar que las tareas policiales, desempeñadas por los militares, se realizan sin protección legal, puesto que este tipo de tareas no se ha previsto de acuerdo con la principal misión de las FF.

Sin olvidar tampoco los riesgos de corrupción, al encontrarse próximos a entornos organizados o controlados por el crimen organizado. Las denuncias sobre la violación de derechos humanos por las FF.

Roberto Briceno-Leon (Contributor of Racism and Discourse in Latin America)

La incorporación de las FF. Esta aspiración solo incide en un proceso de desprofesionalización, riesgo que, de hecho, existe en la actualidad. El marco legal para regular la actuación, las competencias y la fiscalización de estas fuerzas es un proceso trascendental y paralelo al descrito. No hay estudios particulares que, mediante casos reales concretos, estén constatando este proceso y sus implicaciones, ni desde la Academia, ni desde el interior de los ejércitos de la región4.


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Cuestiones que son ineludibles pero que no pueden opacar la importancia de las necesidades de seguridad. Pese a las diferencias nacionales parece difícil pensar que la lucha contra el crimen organizado no estaría entre estas misiones. No obstante, ante cualquier decisión a adoptar, es preciso tener muy presente que las FF. Primera Parte 55 los otros dos pilares. De lo contrario se reproducirían los mismos riesgos que en la actualidad. Contemplando los factores mencionados, cabe distinguir tres grados de cambio: Adaptación, consiste en adecuar las estructuras existentes para continuar cumpliendo las tareas previstas.

Modernización, es optimizar capacidades para cumplir en mejor forma las misiones dispuestas. Transformación, consiste en desarrollar nuevas capacidades, para cumplir nuevas misiones o desempeñar nuevos roles en combate. Hasta el momento, los cambios introducidos en la región se han circunscrito a la adaptación y no en todos los países.

Para ello, se han ido realizando adaptaciones parciales y de manera agregada bajo una perspectiva limitada. Prueba de ello es que hoy día las FF. La idea ha sido, bajo el supuesto erróneo de ser menos costoso y sencillo, emplearlas, con esa naturaleza, como una fuerza polivalente, sin contemplar las implicaciones de esta decisión. Considerando las misiones desempeñadas, todo indica que es preciso una transformación, Jaime Covarrubias, en , ya consideraba necesario iniciar ese proceso.

A diario, las FF. El problema se agrava cuando, como se ha insistido, la naturaleza, el marco jurídico y normativo y las capacidades militares no son las adecuadas para desempeñar las numerosas misiones secundarias que llevan a cabo. Entre ellas la participación en la lucha contra el crimen organizado. La dimensión de las decisiones que han de tomarse sin duda retrasa el momento de asumirlas, son complejas y afectan a numerosos intereses. Para todo ello y para llevar a cabo este cambio se requiere asumirlo como una política de Estado, con el fin de lograr su realización, ya que exigiría, cuando menos entre el mediano y el largo plazo.

No obstante, aunque hay diferentes opciones de cambio, todas ellas exigen una transformación en profundidad. Que las FF. Por el contrario, transformar radicalmente su naturaleza para convertirla en una fuerza dedicada a misiones secundarias y en particular a la lucha contra el crimen organizado. Ante ambas alternativas, caben otras posibilidades intermedias.

Los entusiastas de las fuerzas multimisión y la polivalencia, muy posiblemente encuentren compatible la misión de la defensa exterior y el combate al crimen organizado. Cabe advertir, no obstante, que la polivalencia tiene un límite y puede llegar a ser contraproducente si se abusa de esta visión. Pero si se entendiera compatible el desempeño de estas dos misiones, sería preciso diseñar una fuerza cuya naturaleza, normativa, regulación y capacidades fuera la adecuada para llevar a cabo ambas misiones.

El desempeño, como en la actualidad, de ambas misiones, no significaría evitar los cambios.


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